El 15% de los sanitarios ha sido agredido por pacientes


La violencia contra el personal sanitario por parte de los usuarios es un problema preocupante. El 10%-20% de los profesionales de la salud han sido agredidos físicamente durante el último año, y el 64%-75% han sido víctimas de la violencia psicológica (amenazas, gritos, etcétera), según diversas encuestas. De hecho, el sector salud aglutina uno de cada cuatro casos de violencia en el trabajo, afirma Consol Serra, jefa del servicio de salud laboral del Hospital del Mar de Barcelona, organizador de una jornada sobre violencia laboral.


El problema radica en que sólo el 3,5% de las agresiones físicas acaba en denuncia, según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, mientras que la violencia verbal de pacientes y familiares se acaba viendo "como algo normal", dice Glòria Foz, de la Unidad Docente de Medicina del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Sólo el 3% del personal acaba con una baja laboral, pero el 25% sufre secuelas psíquicas de diversa índole: el año pasado, la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, con 3.000 trabajadores, atendió 10 casos con trastorno de tipo adaptativo.

Retirar el tratamiento

En España hay registros parciales de este tipo de incidencias. A través de la página violenciaocupacional.net, que engloba a 41.500 trabajadores de 38 centros sanitarios de Cataluña, se han notificado 2.000 actos violentos en los últimos cinco años, afirma Genís Cervantes, responsable del proyecto. El perfil del agresor es un hombre de entre 20 y 35 años, y uno de cada tres es reincidente. Gran parte de las agresiones tienen lugar en urgencias, psiquiatría y atención primaria. El tiempo de espera excesivo o las discrepancias en el diagnóstico o el tratamiento son los principales desencadenantes, pero también el consumo de sustancias de abuso.

El número de agresiones es estable, según Meritxell Herreros, del Instituto Catalán de la Salud, pero los expertos recomiendan entrenar en gestión de conflictos al personal sanitario, aplicar medidas de seguridad disuasorias o rediseñar los espacios de urgencias. Kenneth Fleming, jefe de Seguridad y Salud de Greater Glasgow (Escocia), sugiere medidas más drásticas: en su país se impide legalmente que el paciente reciba tratamiento, excepto el de urgencias, en el hospital donde ha cometido un acto violento

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